La ocupación irregular de parte de las 32 viviendas de la Torre 2 de Tirso de Molina, en la barriada de Arrayanes, se ha convertido en los últimos dos años en motivo continuo de queja entre los vecinos de la zona. El uso de algunas de estas viviendas como puntos de venta de droga y la falta de «unas normas mínimas de convivencia» generaron la puesta en marcha de un plan específico por parte de la Delegación Provincial de Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Vivienda (AVRA), que ahora se enfrenta al objetivo más complejo: acabar con los problemas de convivencia.
La rehabilitación de las zonas comunes del inmueble, una actuación que se concluía el pasado mes de octubre tras una inversión de 100.000 euros por parte de AVRA, abría la puerta al desarrollo de medidas dirigidas a favorecer la convivencia entre los vecinos a través de un mediador exclusivo que trabajara con los inquilinos del inmueble, así como la creación de una comisión de seguimiento para analizar la problemática específica de la barriada.
Precisamente, esa comisión específica iniciaba su andadura el pasado mes de noviembre, tras las demandas registradas por las asociaciones vecinales de la zona, con la intención de evitar que Arrayanes se convierta en el nuevo ‘Cerro’ de la ciudad, es decir, un barrio marcado por la marginalidad y conflictividad vecinal. «El origen de la nueva problemática social en este barrio, y que se acerca a ser un nuevo gueto en la línea de El Cerro, reside en las ocupaciones ilegales de las viviendas construidas por la Junta de Andalucía. El traspaso y ocupación ilegal de viviendas, que años anteriores fueron otorgadas por la Junta de Andalucía, ha ido generando un incremento de población marginada y excluida socialmente, pues las familias adjudicatarias en origen han ido abandonando el barrio», sostienen, al respecto, las asociaciones vecinales.
Un conflicto para el que las tres asociaciones del barrio -Arrayanes, Arrayanes Sur-520 y La Malena- vienen solicitando una solución que vaya más allá de la intervención policial, pues es necesario una actuación que permita erradicar el conflicto «socialmente, culturalmente, civilizadamente y por su puesto políticamente».
De momento, la mesa general para el estudio de la situación de Arrayanes pretende conseguir una mejora sustancial de la convivencia vecinal, para lo que cuenta con la participación de la Delegación de Vivienda, el Ayuntamiento, Policía Nacional, Local y adscrita, así como la Federación ‘Himilce’ y las asociaciones de Arrayanes, Arrayanes Sur-520 y La Malena, y organizaciones gitanas que trabajan en la zona. Asimismo, y con el fin de agilizar el trabajo para la puesta en común dirigidas a mejorar la situación de la barriada, se han establecido diferentes mesas sectoriales sobre vivienda, educación o convivencia, con el fin de «dar una solución definitiva».
Una década de declive
El trabajo que inicia la mesa específica para la mejora de la convivencia en Arrayanes pretende poner punto y final a una tendencia de declive que se viene registrado en esta barriada desde hace más de una década.
En este sentido, los vecinos recuerdan que desde entonces, un informe del Patronato Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares declaraba Arrayanes como una «zona de especial problemática social» ante el gran número de personas con escaso interés de muchos de los habitantes de esta zona por su incorporación a las redes de empleo normalizadas, viviendo en un gran porcentaje con la única expectativa de acceder a prestaciones económicas públicas de carácter asistencial», así como los problemas derivados del tráfico y consumo de estupefacientes. Una imagen que poco tiene que ver con el barrio obrero nacido al albor de Santana Motor. Irene Téllez. IDEAL.
