La escuela concertada en Linares escolariza a unos 6.000 alumnos en 9 centros, con más de 300 trabajadores
La escuela concertada en Jaén escolariza a unos 25.000 alumnos en 41 centros, con más de 1.600 trabajadores
- La escuela concertada inicia movilizaciones y recogidas de firmas para frenar un proyecto de ley que consideran sectario y excluyente y un ataque sin precedentes al derecho a elegir de los padres avalado por Naciones Unidas y el artículo 27 de nuestra Constitución.
- Piden al Gobierno andaluz que les secunden en su rechazo y que recurra la norma ante los tribunales si finalmente llega a aprobarse.
- La consideran una ley muy peligrosa porque rompe el equilibrio entre centros públicos y concertados implantado en toda Europa, limita la autonomía de los centros en contra de las recomendaciones de todos los organismos internacionales y amenaza la estabilidad de los puestos de trabajo de los profesionales del sector y la supervivencia de los centros educación especial.
- Se adhieren a la campaña nacional “Más plurales, más libres, más iguales” convocada por la Plataforma Concertados, que aspira a registrar en el Congreso de los Diputados 300.000 firmas contra la Ley
Las organizaciones provinciales de Escuelas Católicas, CECE, FSIE , FEUSO y FECAPA, integradas en la Plataforma de Concertados, y que representan a 37 centros , 1.600 trabajadores y más de 25.000 familias, han acordado movilizarse en contra de la reforma educativa (LOMLOE) que se está tramitando por la vía de urgencia en el Congreso de los Diputados. Lo harán en el marco de una gran campaña nacional pretende trasladar a la opinión pública y a los grupos políticos el amplio rechazo social que causa esta reforma.
Motivos de la movilización
Frente a esta pésima reforma educativa y cansados todos ya de este deambular legislativo sin un pacto educativo, los centros, personal docente y no docente y familias de las concertadas van a iniciar en Andalucía y en toda España una campaña denominada “Más plurales, más libres y más iguales” con la que pretende conseguir cambios importantes en el proyecto de ley. La campaña se desarrollará siendo conscientes de la situación de pandemia y emergencia sanitaria y por tanto de acuerdo con todas las recomendaciones sanitarias e incluirá actuaciones de movilización en redes sociales, recogida de firmas para el Congreso, protestas en los centros, concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, etc. La Plataforma de Concertados aspira a registrar en el Congreso de los Diputados un mínimo de 300.000 firmas en contra de la LOMLOE.
Por su parte, la Plataforma andaluza pedirá al Gobierno de Andalucía que la secunde en sus planteamientos y muestre públicamente su rechazo a esta norma, en los términos en los que ahora mismo está planteada. En este sentido, las organizaciones que participan en esta campaña pedirán a la Junta de Andalucía que recurra la norma ante los tribunales si finalmente es aprobada, por lesionar derechos básicos garantizados por la Constitución.
Patronales, sindicatos y federaciones de padres y madres de la concertada en la provincia de Jaén coinciden en rechazar la LOMLOE, tanto por el momento, como por la forma y, sobre todo, el contenido. Por el momento, porque su tramitación se produce en plena pandemia, entre estados de alarmas, en una situación crítica en lo sanitario y por ende en lo económico. Por la forma, porque esta norma aleja definitivamente la legislación educativa de cualquier posibilidad de consenso y pacto con los actores implicados, a los que ni siquiera se ha llamado para negociar el documento: no es que haya buscado el consenso, es que por primera vez en la historia de la democracia ni siquiera se ha pretendido el diálogo. Pero sobre todo es una ley nefasta por su fondo sectario y excluyente y por su lista de agravios contra la libertad de enseñanza.
Escuela concertada
Así, según los representantes de la concertada en Jaén, la LOMLOE supone un ataque sin precedentes al derecho de padres y tutores a elegir la educación que quieren para sus hijos, derecho avalado por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Al eliminar la demanda social, como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares concede al Estado un poder absoluto y absolutista para realizar una planificación unilateral de los centros, más propia de regímenes totalitarios que democráticos. Para hacerlo, se inventa un “derecho a la educación pública”, completamente inexistente en la jurisprudencia y doctrina constitucional española y europea, y en la práctica opuesto al derecho universal a la educación, que solo puede garantizarse con la complementariedad de la oferta entre colegios públicos, concertados y privados.
En la misma dirección, la LOMLOE, en contra de las recomendaciones de todos los organismos e instituciones educativas internacionales, lesiona aún más la autonomía de los centros, atacando de forma específica la de los centros concertados, a los que les impone un comisario político en el Consejo Escolar, con el objetivo poco simulado de poner frenos para el desarrollo de su ideario, cuando esa es contrariamente la razón de ser de estos centros y el motivo por el que las familias eligen nuestros centros. Asimismo, posterga, aún más, la asignatura de religión, sin alternativas y sin efectos en la evaluación, y resucita la polémica educación para la ciudadanía a través de una nueva asignatura en valores cívicos y éticos que tiene el riesgo de utilizarse como herramienta de adoctrinamiento en la imposición de valores no consensuados ni elegidos por los padres.
Por otra parte, la LOMLOE, no sólo no avanza en la homologación de los profesores de ambas redes, sino que amenaza la estabilidad de los puestos de trabajo de los profesionales del sector y el futuro tanto de la educación diferenciada, a la que se la aboca a no financiarse con fondos públicos y a su desaparición como opción pedagógica, como de los centros específicos de educación especial, en contra de la opinión de los profesionales y las familias. Insiste en los derechos de la infancia, que nadie cuestiona, pero vira a establecer como garantes a los poderes públicos, y no a los padres, o incluso a los poderes públicos frente a los padres.
Finalmente, arroga a la Administración la distribución unilateral del alumnado con desventaja social, educativa o económica, lo que, lejos de evitar la segregación educativa, tiene la consecuencia práctica de impedir la libertad de elección de las familias de esos menores, cuando precisamente estos alumnos son los que deberían tener una mayor puntuación para poder elegir preferentemente el centro que consideraran mejor.
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