- Catalina Madueño destaca que se han aflorado 419 empleos sumergidos y se han transformado en indefinidos 609 contratos
- La subdelegada alaba la colaboración de la Inspección en la tramitación de los ERTE’s motivados como consecuencia de la pandemia
La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha señalado que la Inspección de Trabajo ha conseguido aflorar en durante el primer semestre del año 419 empleos sumergidos, lo que supone 71 más que en el mismo periodo del año anterior (348). Del mismo modo, se han transformado en indefinidos 609 contratos que hasta ahora eran temporales. “Estas cifras dan una muestra de la importante labor que se está realizando en la lucha contra el fraude laboral en la provincia”, ha aclarado la subdelegada tras mantener una reunión de coordinación con la jefa provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Mariola Palacios, quien le ha informado sobre los resultados de la actividad de esta organización administrativa, responsable del control y vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social
Durante el encuentro, se ha analizado el funcionamiento de este organismo durante los seis primeros meses del año, “un periodo de tiempo que ha estado marcado por la pandemia y por la declaración del estado de alarma para frenar la propagación del virus Covid 19”. “A pesar de estas circunstancias, la Inspección ha realizado más de 5.000 actuaciones de control en el primer semestre de 2020. Es un número inferior al de ejercicios anteriores, una disminución causada, lógicamente, por las medidas decretadas durante el confinamiento”, ha agregado la subdelegada.
Catalina Madueño ha apuntado los buenos resultados obtenidos por este organismo, que derivan del intenso trabajo ejercido por la Inspección en materia de lucha contra el fraude laboral. En concreto, de las 5.088 actuaciones, 2.557 están relacionadas con Seguridad Social, 1.551 con la Prevención de Riesgos Laborales; 869 de Relaciones Laborales, 34 de Empleo y Extranjería; y 77, de otras actuaciones. En total, se han detectado en este primer semestre 269 infracciones a la legislación del orden social, con un importe de las sanciones propuestas de 757.147 euros. Además, la Inspección ha resuelto expedientes liquidatorios de cuotas debidas a la Seguridad Social por un importe de 2,08 millones de euros, en una cifra en la que se incluyen las actuaciones conexas a esos expedientes, es decir, la devolución de prestaciones, ayudas y subvenciones percibidas de forma irregular. “Esta labor inspectora permite recuperar recursos económicos para el sistema e impedir que el fraude de unos pocos comprometa el esfuerzo de tantos”, ha asegurado la subdelegada.
Igualmente, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se realizaron en el primer semestre casi 700 requerimientos para que las empresas corrigieran algún tipo de anomalía, la mayoría de ellas (505) en materia de Seguridad y Salud.
Buena parte de esta actividad inspectora viene motivada por las 304 denunciadas presentadas y admitidas a trámite por este organismo, lo que supone un número prácticamente idéntico al del mismo periodo del año anterior. La subdelegada destacó la buena coordinación y colaboración de la actuación rogada derivada de las denuncias de organizaciones sindicales y trabajadores, y de las peticiones de órganos jurisdiccionales o entidades gestoras de la Seguridad Social
Mariola Palacios también ha explicado a la subdelegada los resultados de la campaña especial sobre riesgo de exposición al coronavirus realizada en los centros de trabajo, que ha originado la realización de 47 órdenes de servicio en los seis primeros meses del año, sin que se haya producido ninguna propuesta de sanción.
La subdelegada, igualmente, ha alabado la labor realizada durante el estado de alarma por la Inspección de Trabajo en la tramitación de los 6.400 ERTE’s, solicitados por empresas en la provincia en el marco del Decreto del Gobierno de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid-19: “Nuestra prioridad absoluta es proteger y dar soporte al tejido productivo y social y así poder minimizar al máximo el impacto de la pandemia. La Inspección ha colaborado enormemente en esta labor, con más de 400 intervenciones realizadas en estos seis meses”, ha añadido Madueño.
Durante la reunión, se ha comenzado a perfilar la campaña que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pondrá en marcha durante la recolección de la aceituna, un dispositivo que se expondrá a las organizaciones agrarias en un encuentro previsto para los primeros días de septiembre. La subdelegada ha resaltado en la intención de reforzar la vigilancia sobre las condiciones laborales de los trabajadores temporeros que participen en esta campaña: “Además de seguir el plan programado y ejecutado en años anteriores, se va a hacer especial hincapié en el cumplimiento de la normativa específica de prevención del Covid-19”, ha asegurado Catalina Madueño.
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La subdelegada se ha referido a la existencia de la reciente “Guía sobre la prevención y el control de la COVID-19 en las explotaciones agrícolas que vayan a contratar a temporeros”, publicada por el Ministerio de Sanidad el pasado 3 de agosto, y que engloba una serie de recomendaciones para evaluar, y minimizar en lo posible, el riesgo de exposición a este virus tanto en las explotaciones como en los alojamientos que se les proporcionen. Entre esas propuestas, se plantean, entre otras tratar de limitar las cadenas de contacto y transmisión tanto como sea posible formando, como ejemplo, cuadrillas o grupos de trabajo estables y vigilando que en el transporte de las mismas se guarden todas las medidas de prevención, y, a su vez, cumplir con las recomendaciones sanitarias y con los requisitos que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
En este sentido, la subdelegada reclama a la Junta de Andalucía de un protocolo sanitario específico por la pandemia del coronavirus para los trabajadores que se incorporarán a la campaña de la aceituna en la provincia de Jaén.
