Desde la organización en Defensa del Sistema Público de Pensiones se considera la aprobación del Real Decreto Ley 28/2018 de 28 de diciembre para la revalorización de las pensiones y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, una «frustración» a las expectativas lanzadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, desde la organización se le ha bautizado como el Decreto de la «inocentada», por los siguientes motivos:
«No aprueba la revalorización de las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC). Aplaza esta decisión hasta un plazo de 6 meses, en que la Comisión del Pacto de Toledo y la Mesa para el Diálogo Social decidan si, además del IPC, abren la posibilidad de introducir otros índices como la oscilación anual del salario medio, de las cotizaciones sociales y del crecimiento económico. Unos factores que, si son a la baja, y el Gobierno de turno los aplica, perjudicarían gravemente el poder adquisitivo de las pensiones. Sigue vigente el insultante 0,25 y el factor de sostenibilidad por el que bajarían las pensiones por vivir más años.»
«En principio dejó sin efecto que la pensión mínima por invalidez permanente total por enfermedad para personas menores de 60 años fuera el 55% de la base reguladora, como establecía la Ley 40/2007 de medidas en materia de Seguridad Social. A partir del 1 de enero, la cuantía mínima se establecería de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado, es decir, dejaba las manos libres al Gobierno para bajar estas pensiones mínimas. Esto pudo suponer 78 euros de menos al mes. Gracias a la presión constante en la calle y por medio de grupos políticos en el Congreso, se consiguió derribar esta medida y, al menos en 2019, estas pensiones subirán un 22%, pero no hay garantía para el año que viene.»
«No deroga la enmienda del Partido Popular por el que se prorroga el periodo transitorio para equiparar el Régimen Especial de las Empleadas del Hogar al Régimen General. Un período transitorio que finalizaba en diciembre pasado y que con esa enmienda se demora hasta el 2024. Lo que significa no equiparar los derechos de subsidio de desempleo y la cotización mínima en las lagunas de los tiempos sin trabajar. Para avanzar en la equiparación de los derechos laborales y de seguridad social de las mujeres, se ha de cumplir el Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo.»
La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones advierte a este Gobierno y a los que vengan que vamos a seguir en la calle mientras no se blinden nuestros derechos. Dinero sabemos que hay: 457.000 millones de euros de españoles en paraísos fiscales según el nuevo Director de la Agencia Tributaria; de 50.000 a 80.000 millones de euros al año por fraude y evasión fiscal según la Asociación de Inspectores de Hacienda; por la corrupción: Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 47.500 millones/año por sobrecostes en los contratos públicos. Otras fuentes hablan de 7.000/10.000 M. al año. «Sabemos que España recauda un 7% menos que la media de la Unión Europea.»
«No abandonaremos la calle mientras las pensiones mínimas y no contributivas lleguen a alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional, con el horizonte de 1084 euros mensuales, según establece la Carta Social Europea firmada por España.» asegura.
Desde la organización se reivindica también:
- Una reforma fiscal justa y progresista
- Una reforma laboral que dé estabilidad, salarios justos y derechos laborales
- Y una reforma de las pensiones con pensiones dignas revalorizadas y blindadas como derecho fundamental en la constitución
- Que se admita a esta Coordinadora como interlocutor social válido para negociar con el Gobierno un Sistema Público de Pensiones de futuro.
