El juez admite a trámite la querella presentada por el PSOE contra Juan Fernández y Juan Sánchez tras constatar que “hay indicios suficientes” para incoar un procedimiento de diligencias previas por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, administración desleal y estafa
El Juzgado Mixto número 2 de Linares ha acordado admitir a trámite la querella presentada por el PSOE contra los ya ex militantes Juan Fernández y Juan Sánchez e incoar el correspondiente procedimiento de diligencias previas por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, administración desleal y estafa. En un auto, el juez cita ya a Juan Fernández y a Juan Sánchez para declarar como investigados el próximo 1 de febrero.
La citada resolución judicial considera que “en los hechos consignados en la querella resultan indicios suficientes para incoar un procedimiento, admitiendo la querella, y practicar las diligencias de investigación solicitadas”. Los hechos denunciados apuntan a que presuntamente Fernández y Sánchez habrían sustraído fondos públicos destinados al PSOE “en beneficio propio”, ascendiendo el importe a 100.300 euros para Fernández y 13.200 euros para Sánchez.
La denuncia se sustenta en la auditoría de las cuentas realizada por una empresa externa tras la elección de la nueva Ejecutiva Municipal en noviembre de 2017. La empresa auditora analizó las cuentas de la agrupación y emitió un doble informe en el que se ponía de manifiesto “una operativa presuntamente criminal de cada querellado”.
En el caso de Juan Fernández, se constataba que desde enero de 2013, y durante 5 años, se había retribuido a sí mismo mensualmente 1.700 euros provenientes de cuentas bancarias que se nutrían de las asignaciones que el Ayuntamiento de Linares destinaba al Grupo Municipal Socialista. Ese cobro mensual se repitió nada menos que durante 59 ocasiones, lo que podría haber reportado a Fernández la cifra de 100.300 euros.
En el expediente disciplinario interno, incoado por el PSOE, y que desembocó en su expulsión del partido, Fernández fue “incapaz de ofrecer una explicación cabal y razonable del destino del dinero que había venido recibiendo durante más de 5 años”.
En el caso de Juan Sánchez, entonces secretario de Organización, la mecánica consistió en detraer, mensualmente, la cantidad de 600 euros, que se quedaba para sí mismo, por lo que la suma total apropiada ascendería a 13.200 euros. En el expediente disciplinario incoado, tampoco pudo justificar el supuesto aprovechamiento.
“No existe acuerdo alguno, de ningún tipo, adoptado ni por la Comisión Ejecutiva Local del PSOE ni por la Asamblea del PSOE de Linares, ni por ningún otro órgano del PSOE, local, provincial, autonómico ni nacional, que autorizara o acordara remunerar a Fernández y Sánchez con cantidad económica alguna”, recalcaba la denuncia.
Todos los hechos puestos en conocimiento del Juzgado fueron conocidos tras la renovación de la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Linares, que encargó una auditoría externa para tener un conocimiento exacto y fiel de la situación económica de la Agrupación.
“Nuestra obligación era no mirar hacia otro lado y eso es lo que hemos hecho, cueste lo que cueste, porque estamos hablando de comportamientos que no tienen cabida en este partido y que no vamos a tolerar ni a silenciar”, subrayaba entonces la Comisión Ejecutiva Municipal.
