La promotora malagueña Cogilco, propietaria de los terrenos del Residencial Jacaranda que finalmente no se desarrolló, ha denunciado a la totalidad de los miembros de la anterior comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Linares por un presunto delito en la adjudicación de la licencia de primera ocupación al edificio de El Granaíno, situado frente al Colegio Padre Poveda.
El pasado jueves, tras la denuncia presentada el pasado verano, la totalidad de los miembros de dicha comisión acudieron a los juzgados de Linares para declarar sobre dichas acusaciones que, según apunta el concejal del ramo, Joaquín Gómez Mena, «las licencias se otorgaron con todos los informes técnicos favorables». «El proceso se encuentra en la diligencias previas y por ello la jueza nos convocó a los miembros de la comisión para que explicáramos los motivos por los cuales se otorgaron dichas licencias, un trámite que se realizó con todos los informes técnicos favorables para ello», recuerda el concejal.
La denuncia subraya que el Ayuntamiento otorgó las licencias de primera ocupación a una promoción cuyos suministros dependían del desarrollo urbanístico del sector donde se proyectaba el Residencial Jacaranda, que no llegó a ejecutarse, por lo que entiende que se ha incurrido en una alegalidad. Sin embargo, desde Ordenación Territorial señalan que ante la falta de ejecución del proyecto vinculado a Cogilco, se optó por ofrecer dichos servicios a través de una vía alternativa.
«La acusación de la promotora es que se otorgaron la licencia de primera ocupación al Granaíno sin que, supuestamente, no tuviera el suministro de luz y agua, pero dado que ellos no desarrollaron los terrenos del Residencial Jacaranda, y el Granaíno si había construido su edificio, esos servicios se facilitaron desde la Avenida Andrés Segovia porque era posible esa opción», recuerda Gómez Mena, al respecto.
En este sentido, los miembros de la comisión de Urbanismo apuntan a una denuncia «sin base» que parece responder a ‘una pataleta’ de la constructora malagueña tras perder un juicio anterior contra el Consistorio linarense por una supuesta factura impagada por la ejecución de la calle de Bomberos.
Sentencia previa
La última denuncia de Cogilco contra el Ayuntamiento de Linares se produce tan sólo unos meses después del proceso contencioso-administrativo abierto hace tres años por el pago de la calle de los Bomberos y que, finalmente, ha resultado favorable para el Consistorio al no existir ningún contrato para la ejecución de dicha vía, ni las cantidades reclamadas se ajustarán al proyecto diseñado por la Administración municipal.
La promotora Cogilco, coincidiendo con la actualización del pago de facturas atrasadas por parte del Ayuntamiento de Linares a través del plan de pago a proveedores, reclamaba al Consistorio el pago de 500.000 euros por la ejecución de la urbanización de la calle conocida como ‘Los Bomberos’, una cantidad que duplicaba la cifra recogida en el proyecto municipal, y que nunca fue adjudicado a través de concurso público.
La falta de acuerdo por parte de los grupos políticos que conforman el Ayuntamiento de Linares para hacer frente al pago de unas obras realizadas en 2003, en el que el Juzgado número tres de Jaén daba la razón al Ayuntamiento al entender que esas cantidades no están justificadas porque no sólo no existía un contrato público, sino que además esas cantidades no se correspondían con el proyecto inicial a las que el equipo de Gobierno se mostraba dispuesto a hacer frente pues dicha vía sí fue ejecutada por Cogilco. Irene Téllez. IDEAL.
